Recortar pero con tino: la recuperación necesita al sector exterior

En la prensa española de los últimos meses se ha mencionado varias veces a Canadá como ejemplo por su éxito a la hora de abordar un programa de consolidación fiscal sin perjudicar excesivamente el mantenimiento de la actividad económica y el crecimiento. Canadá pasó en los años 90 por una situación difícil en sus finanzas públicas, con el nivel de endeudamiento público disparado, acercándose peligrosamente al 80% del PIB, superando  los tipos de interés que se veía obligada a pagar para financiarse el 5% como promedio.

Entre 1995 y 1998 se aplicó un riguroso recorte de los gastos del gobierno federal, que le permitió reducir sus gastos no financieros en cerca del 10% en sólo tres años. Evidentemente, la medicina fue dura y hubo que prescindir de muchos programas públicos, pero el resultado fue un éxito y se logró superar la situación en corto tiempo. Es cierto que las circunstancias de la economía mundial eran relativamente favorables y el mercado estadounidense, tan importante para Canadá, se encontraba en un momento de auge, pero la razón del éxito de los recortes estuvo sobre todo en la forma en que se hicieron.

En lugar de marcar un porcentaje de recorte objetivo e intentar aplicarlo por igual a todos los gastos, la metodología utilizada consistió en analizar uno a uno los programas de gasto de los distintos departamentos y concentrar los recortes en aquellos programas que claramente no respondían a una necesidad o contribuían a un objetivo claramente necesario en términos económicos. El proceso de "revisión de programas" como se denominó, aplicaba unos criterios objetivos que permitían eliminar los gastos menos necesarios.

Esperemos que el gobierno español sepa aprender de aquél ejemplo y logre separar la paja del trigo con tanto éxito como lo hizo Canadá en aquellos años, manteniendo e incluso aumentando los gastos que pueden ayudarnos a salir de la crisis y prescindiendo de aquellos que no contribuyen a ese objetivo. El sector exterior es en estos momentos de demanda interna deprimida prioritario para mantener y aumentar el nivel de producción  Pienso que reducir los recursos destinados a este fin o a atraer financiación exterior que contribuya a relanzar la inversión productiva sería muy desacertado.

Es sabido que si no fuera por al sector exterior, España atravesaría una grave depresión. Hagamos lo necesario para evitarlo. Si hay que ahorrar, hagámoslo, pero con tino, prescindiendo de lo superfluo o de lo menos necesario, no de lo que se invierte en ayudar a superar el círculo vicioso de la recesión.

JT

Cataluña no es Quebec... ni Canadá es España



De las voces que últimamente claman por el derecho de los catalanes a optar por la independencia, son muchas las que se apoyan en el ejemplo de la provincia canadiense donde más arraigo tiene el sentimiento soberanista, la francófona Quebec. Es cierto que existen ciertas semejanzas entre ambos territorios que hacen comprensible la comparación. Los dos territorios, aunque dispares en extensión, cuentan con una cifra de población muy semejante. Tanto uno como otro albergan instituciones propias con un alto grado de autonomía con respecto al estado en el que se encuadran y los dos hacen gala de un sentimiento nacional que se basa tanto en razones históricas más o menos fundamentadas, como en sus peculiaridades lingüísticas. Quebec y Cataluña comparten también la presencia en sus respectivos territorios de un contingente importante de población inmigrante.

Aún así, comparar la situación de uno y otro en lo que se refiere a su relación con el gobierno central respectivo resulta más complicado. Para hacerlo, hay que considerar la historia y la realidad constitucional de Canadá y de España, en la medida en que las aspiraciones nacionales de ambos pueblos afectan también al resto de la población de los países en los que hoy por hoy están integrados sus territorios. Es cierto que Québec ha celebrado ya dos referéndums similares al que los nacionalistas quieren celebrar en Cataluña, pero la diferencia está en que la Constitución canadiense no establece ninguna restricción a una consulta de este tipo. Canadá nació como una confederación y nunca estableció entre las reglas del juego de la misma la forma en que habría que proceder si alguno de sus territorios quisiera abandonarla. Tras las dos consultas perdidas por los soberanistas, la primera por amplio margen y la segunda por sólo unos millares de votos, el Tribunal Supremo Federal dictaminó que si en un referéndum de esa naturaleza, con una pregunta clara, triunfara la tesis secesionista, el resto de Canadá tendría la obligación moral de tenerlo en cuenta. Eso no significa, sin embargo, que la secesión se produjera en ese caso de una forma automática. Para llegar a ella, según ese dictamen, habría que pasar por una negociación larga y complicada en la que se establecieran las condiciones del acuerdo de separación.

La Constitución Española de 1978 nació en unas circunstancias en las que existía el temor fundado de que un referéndum convocado por una comunidad autónoma pudiera tener efectos desestabilizadores peligrosos para la consolidación de la naciente democracia. La exigencia de que cualquier consulta realizada por iniciativa de un gobierno local o regional cuente con la autorización del Congreso y sea convocada por el Rey forma parte del pacto constitucional en el que participaron los partidos catalanes que ahora propugnan una consulta soberanista. Los catalanes, como todos los españoles, tienen la obligación de respetar la constitución y cumplir lo que acordaron en su día. Si piensan que no tiene sentido esa limitación constitucional en las actuales circunstancias, deberían negociar con el gobierno central la celebración de la consulta que plantean o una reforma del texto constitucional que les permitiera tomar esa iniciativa. En todo caso, si tal consulta se celebrase y el resultado fuera favorable a sus tesis, no tendría sentido que consideraran eso suficiente para llegar a la separación, sino que esta sólo podría hacerse realidad mediante un acuerdo con el resto de España.

En democracia, las reglas de juego del estado de derecho deben ser respetadas. Un acto de secesión unilateral no es concebible ni deseable en la Europa del siglo XXI. El Reino Unido nos está dando una lección en este sentido por la forma en que se está tratando el problema escocés, pero si eso es posible es porque los escoceses no se han planteado nunca romper la baraja y aceptan seguir las reglas del juego democrático.


J.T.